El Ayuntamiento de la localidad de Valdelugueros, en León, rechazó la solución propuesta por el Principado de Asturias al conflicto territorial surgido a raíz de la denuncia de este municipio por «la invasión de 1.800 metros de terreno en la zona de desembarque de uno de los telesillas de la estación de Fuentes de Invierno», concretamente el remonte de La Llomba, en la zona de Riopinos, en San Isidro.
Según fuentes del Consistorio de la localidad leonesa, el Principado intentó zanjar la polémica con la oferta de 800 euros al año por arrendar el suelo en el que desembarca el remonte. Según el alcalde de Valdelugueros, Emilio Orejas, «la cantidad era irrisoria y nos negamos a aceptar el acuerdo». El regidor leonés insiste en que Asturias debe compensar a su municipio y firmar un contrato de alquiler por una cantidad anual negociada entre ambas partes.
Orejas asegura que cuenta con un informe topográfico que confirma la utilización de esos terrenos municipales por parte del Principado. Por otro lado, el Consistorio leonés pretende llegar a un acuerdo amistoso en el caso de que el Principado de Asturias se comprometa a finalizar la carretera que une el pueblo allerano de Río Aller con el límite del puerto de Vegarada, una pista forestal de doce kilómetros. Los usuarios de las estaciones invernales sí defienden la mejora de la carretera ya que «supondrá una nueva vía de unión entre los dos complejos y permitiría a los asturianos acceder por carretera a la zona leonesa de Riopinos».
Orejas advirtió de que «se debe legalizar esta situación», al tiempo que añadió que «nosotros estamos dispuestos colaborar y zanjar el asunto de forma amistosa, aunque si el Principado no cede, nos veremos obligados a iniciar el trámite legal para que levanten de nuestro suelo el desembarque del telesilla de La Llomba», el remonte de más altitud de la estación de esquí de Fuentes de Invierno.
El telesilla cuatriplaza de La Llomba es el tercer capítulo de una lista de «enfados» entre Asturias y León por los límites fronterizos. Los otros dos son: la polémica propiedad mierense del puerto Pinos, en la comarca leonesa de Babia, y las 130 hectáreas que, gracias a una sentencia judicial, se adjudicó la provincia vecina, hace unos meses, en detrimento del concejo de Somiedo.